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Conflictos ambientales y desarrollo, brechas que la Ley 19.300 no ha logrado resolver en 30 años – Fundación Terram
Columna de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram. «De alguna forma, se ha instalado que es más importante extraer, exportar y crecer económicamente, que cuidar el entorno y las economías locales, creando una falsa dicotomía entre lo que llaman desarrollo y el debido resguardo de la naturaleza, incluyendo los seres humanos». Fuente: País Circular, 20 de marzo de 2024.
Hace pocos días se cumplieron 30 años de la promulgación sobre la Ley General sobre Bases del Medio Ambiente, también conocida como Ley N° 19.300, y, sin duda alguna, el país y la vinculación de los seres humanos con nuestro entorno, ha cambiado desde entonces.
El año 1992, el entonces Presidente de la República, Patricio Aylwin, envió al parlamento un proyecto de Ley cuyo primer objetivo era darle un contenido concreto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que culminó con la promulgación de la Ley en marzo de 1994. Esto marcó un precedente en materia ambiental en el país, pues ocurría tan solo a dos años de haber asumido un gobierno elegido en votación popular tras 17 años de dictadura. El mensaje que introducía este texto legal al parlamento sigue vigente y en uno de sus pasajes señala: “El desafío que impone luchar por salvar al planeta del deterioro que lo expone la actividad humana, nos exige empezar por entender que la defensa del medio ambiente no es sólo un derecho de cada hombre, sino, al mismo tiempo, un ´deber humano’ que nos obligue a tomar conciencia y poner énfasis en la necesidad de que los hombres nos exijamos más a nosotros mismos en bien de la supervivencia de la propia vida humana”.
Sin duda, esto marcó un hito en materia ambiental en el país, pero al poco tiempo pudimos constatar que no era suficiente, se necesitaba mucho más educación, determinación, coraje y transparencia en el accionar público para que efectivamente se establecieran medidas de resguardo a la salud de las personas y ecosistemas.
Es así como durante estos últimos 30 años las tensiones entre defensores del medio ambiente, empresas y gobiernos de turno no solo permanecieron, sino que aumentaron, produciéndose múltiples conflictos socioambientales en este periodo, donde se ha deslegitimado la evaluación ambiental de proyectos, deteriorado significativamente los ecosistemas y el ambiente. Todo esto ha ocurrido pese a la reforma a la institucionalidad ambiental –aprobada a comienzos de 2010– y otras regulaciones posteriores referidas a los humedales urbanos, el cambio climático, los plásticos de un solo uso, entre otras.
Entonces, cabe preguntarnos ¿qué nos tiene estancados? La respuesta es simple y compleja a la vez. Por una parte, los sucesivos gobernantes le restaron importancia a las temáticas ambientales y privilegiaron el desarrollo económico por sobre el debido resguardo del patrimonio natural del país. De alguna forma, se ha instalado que es más importante extraer, exportar y crecer económicamente, que cuidar el entorno y las economías locales, creando una falsa dicotomía entre lo que llaman desarrollo y el debido resguardo de la naturaleza, incluyendo los seres humanos. Es más, en la reciente Evaluación de Desempeño Ambiental, lanzada en marzo de 2024, la OCDE señala: “El país ha avanzado poco en la ruptura del vínculo entre crecimiento económico y presión sobre el medio ambiente”. De hecho, Chile no ha logrado salir de la lógica primario exportadora, supeditando su accionar ambiental a este modelo de desarrollo, donde las presiones de los grandes consorcios empresariales le han doblado la mano a cada uno de los gobiernos de turno, incluido del Presidente Gabriel Boric, que ha dejado de lado su ideario ecologista para transformarse en un gobierno administrador del modelo.
A 30 años de la Ley 19.300, sería deseable remirar la historia ambiental de Chile y evaluar qué hicimos y dónde estamos al debe, para saber si vamos por el camino correcto. Pues todo indica que se requiere mucho mas esfuerzo para frenar el deterioro ambiental del país.
