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Cohecho: proponen pena de hasta 5 años por “compra de votos” con participación de organizaciones criminales
A través de una modificación a la ley sobre votaciones populares y escrutinios, buscan aumentar las sanciones aplicables al cohecho y otras conductas, que se realicen con la participación de organizaciones criminales.
Parlamentarios presentaron un proyecto que modifica la ley 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para aumentar las sanciones aplicables al cohecho y otras conductas, que se realicen con la participación de organizaciones criminales.
La moción –que será analizada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización- busca hacer frente a lo que los autores han llamado “compra de votos y cualquier forma de cohecho, cuando se ejecute con miembros de organizaciones criminales”
En lo concreto, se propone una pena que va desde 3 años y 1 día hasta los 5 años (presidio menor en su grado máximo) y multa que podría alcanzar los 6 millones y medio de pesos (50 a 100 UTM), al que -con miembros de una organización delictiva o criminal- en cualquier elección popular, primaria o definitiva, solicitare votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa o cohechare en cualquier forma a un elector.
Cabe recordar que la ley vigente estipula que el cohecho, sin hacer referencia a la intervención de organizaciones criminales, enfrenta pena de presidio menor en su grado medio, multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos. Este último punto se mantiene en la moción.
Los autores indican entre los fundamentos, que “es deber del Estado dar protección y seguridad a la población, debiendo desarrollar todas las acciones indispensables para brindar un resguardo eficaz de las personas y sus bienes. En ese marco, en los últimos años, ante una criminalidad creciente, más violenta y organizada, se han aprobado normas para entregar herramientas jurídicas más modernas y actuales para combatir las nuevas formas de comisión de los delitos y, además, la tipificación de nuevos hechos punibles”.
