Región de Coquimbo
SII va en contra de los que vendieron los terrenos en el «Papaya Gate»
El Servicio de Impuestos Internos, a través de su Dirección Regional de La Serena, presentó denuncia contra los representantes legales de las firmas inmobiliarias Guayacán SPA, Inmobiliaria La Herradura SPA, Inmobiliaria La Serena SPA, Inmobiliaria El Faro SPA, Inmobiliaria Pan de Azcar SPA, y Cerro Grande SPA Real Estate, así como a todos sus administradores por el delito fiscal de presentación dolosa de declaraciones juradas falsas.
Las empresas, representadas por Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolás Fabian Bakulic Govorcin, Karim Ale Daire Daud y Manuel Alejandro Daire Daud, vendieron 6 propiedades al gobierno de Coquimbo en 2020 por más de $9 mil millones, suma significativamente superior por esta propiedad, ya que en 2014 dichas inmobiliarias pagaron $485,229,830 por ellos.
El subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, destacó durante la presentación de esta denuncia que “lo que buscamos con este tipo de acciones es entregar un mensaje claro: nadie debe afectar el desarrollo de nuestra sociedad por no pagar correctamente sus impuestos”. Con esto, también buscamos un efecto ejemplar, que desaliente a otros a cometer este tipo de delitos.
El SII pudo determinar que el costo fiscal de los inmuebles al momento de su venta era en realidad excesivo luego de revisar los antecedentes del expediente de investigación que lleva el Ministerio Público por defraudación fiscal, el cual estaba relacionado con esta compra. Como resultado, se inició un proceso de auditoría. Para determinar si las empresas antes mencionadas determinaron correctamente el impuesto directo sobre el costo de la tierra para el año 2020, es necesario vigilar cuidadosamente la correcta adherencia a la declaración y pago del Impuesto a la Renta de Primera Categoría y del Impuesto Único previsto en el artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta, que corresponde al año gravable 2021.
Mediante un proceso de saneamiento empresarial no autorizado, en el que se asignaron más de $3.881 millones, se pudo inferir de esta auditoría que se había incrementado intencionalmente el costo directo de los inmuebles vendidos por las inmobiliarias al Gobierno Regional de Coquimbo. Como un costo, resultante de un aumento de capital ficticio que fue suscrito pero no desembolsado.
Con este conocimiento, el SII inició un proceso de verificación de antecedentes en contra de las 6 empresas, lo que permitió identificar que las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta del Ejercicio Fiscal 2021 habían sido presentadas con malicia y falsedad debido a que el costo del impuesto que se les declaraba había creado artificialmente a través de una planificación fiscal deshonesta.
El objetivo de esta planificación era reducir la base imponible del impuesto de primera categoría que surgiría de la enajenación de inmuebles propiedad de las sociedades antes mencionadas. En esta instancia, el Impuesto a la Renta sufrió una pérdida fiscal de casi $900 millones.
El Ministerio Público abrió una investigación penal por este caso luego de ser informado por la Contraloría General de la República de los resultados de una investigación administrativa que reveló la compra de seis inmuebles por parte del Gobierno Regional de Coquimbo a un precio significativamente superior a su valor real de mercado. .
Debido a la desaprobación de la operación por parte de la Contraloría General de la República, esta compra se realizó a través de un contrato de compraventa que no habría cumplido con su proceso de toma de decisiones.
El Ministerio Público proporcionó información de antecedentes al Servicio de Impuestos Internos como parte de su investigación sobre un posible fraude fiscal para que la agencia pudiera investigar posibles delitos fiscales.
