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Naciones Unidas le dijo a Patricia Bullrich que su protocolo antimarchas es ilegal

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Patricia Bullrich asegura que Argentina, con su incompetencia, desatino y perversidad, se convierte en un fracaso deplorable para Naciones Unidas.

Según el organismo internacional, ni el protocolo ni el capítulo de seguridad de la Ley Ómnibus son compatibles con los estándares internacionales. La declaración fue anunciada tras una denuncia de confederaciones laborales, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. – Pagina 12

Patricia Bullrich Comenzó su segundo mandato al frente del Ministerio de Seguridad con la valentía: protocolo anti-manifestación, una decisión para acusarlos «Multas» a las organizaciones sociales y un proyecto de ley que pretende lograrlo criminalizar a quienes participan u organizan protestas. La serie de decisiones del ministro no fue bien recibida por el ministro Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde tres relatores especiales han presentado una denuncia ante el gobierno Javier Milei revisar las disposiciones porque no son compatibles con los estándares internacionales y le aconsejaron que lo hiciera “no imponer restricciones innecesarias al derecho a la libertad de reunión pacífica”.

El martes, el mismo día en que se desarrollaban agitadas negociaciones en la Cámara de Diputados para concretar un fallo que permitiera poner a discusión la Ley Ómnibus, llegó una comunicación firmada por los relatores. Clement Nyaletsossi Voule (Libertad de reunión y asociación pacífica), Irene Khan (Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión) y Mary Lawlor (Situación de los defensores de los derechos humanos). El texto recién se hizo público el viernes a través de un tuit de Voule, el relator que ya había irritado a Bullrich cuando criticó el protocolo antimanifestaciones.

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Patricia Bullrich hace unos meses…

Naciones Unidas ha desmantelado artículo por artículo el protocolo que Bullrich puso en práctica por primera vez el 20 de diciembre y que ha fracasado porque, pese a la saturación y la parafernalia policial, no ha conseguido evitar que los manifestantes bloquearan las calles para ser escuchados. . No hubo ninguna ponderación positiva. En cartera de la calle Gelly Obes optaron por el silencio en respuesta a las preguntas de este periódico sobre cómo habían caído las consideraciones de la ONU.

“El derecho de reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye la base mínima de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto a la ley y el pluralismo”.«, dijeron los tres expertos que enviaron la comunicación al Estado argentino.

La criminalización

Los relatores recordaron a Bullrich la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo que supervisa la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto tiene rango constitucional en Argentina. Este documento afirma que, contrariamente a lo que dice el Ministro de Seguridad «Las reuniones pacíficas pueden promover ideas u objetivos controvertidos que pueden causar perturbaciones, por ejemplo, al movimiento de vehículos o peatones o a la actividad económica».

Detener el tráfico no es violencia – subrayan – y las fuerzas de seguridad sólo están autorizadas a dispersar a los manifestantes si existe una amenaza inminente de violencia grave. “Los estándares internacionales aseguran que la sociedad en su conjunto pueda conocer las demandas de quienes ejercen este derecho, y enfatizan que la libertad de reunión pacífica es un derecho, y no un privilegio”, subrayaron.

Bullrich caracterizó las protestas y cierres de calles como un delito flagrante, que permitió a las fuerzas de seguridad actuar sin orden judicial. Sin embargo, la ONU respondió podría ser “ante el fenómeno de criminalización de la protesta social mediante el uso del derecho penal”. Para los expertos, “considera toda reunión violenta o criminal Antes de «Es una decisión contraria a los estándares internacionales».

Contrario a lo visto el miércoles, cuando tropas federales bloquearon toda la subida al Puente Pueyrredón en Avellaneda, los relatores de Naciones Unidas recordaron qué tareas debían realizar los uniformados en las manifestaciones. “El deber de los agentes del orden en una reunión no es principalmente controlar la reunión o restablecer el orden; Su obligación inicial y más importante es facilitar la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos asociados a ella.«, enfatizaron.

La ONU también instó a Bullrich a no utilizar frases como «armas no letales» en el protocolo, porque en realidad la experiencia demuestra que estos dispositivos también pueden matar si se usan incorrectamente.

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En otra parte, los relatores evaluaron que la decisión del Ministerio de Seguridad de identificar a manifestantes, organizadores, transportistas e incluso transportistas podría socavar la garantía procesal de la presunción de inocencia. “El anonimato de los participantes debe ser posiblea menos que su conducta proporcione motivos razonables para su detención”, argumentaron.

Los representantes de la ONU también señalaron dos de los ejes que más interesan a Bullrich: la presencia de niños y migrantes. Según el protocolo, las autoridades pueden notificar a Inmigración si un migrante participa en una protesta. Para la ONU es una medida discriminatoria. “Todos tienen derecho a reunirse pacíficamente: tanto ciudadanos como no ciudadanos. Por ejemplo, pueden ejercerlo los ciudadanos extranjeros, los migrantes (documentados o indocumentados), los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas.«, Se les llama.

En cuanto a la presencia de niños y jóvenes en las manifestaciones, los expertos de la ONU destacaron que El Estado argentino debe permitirles ejercer su derecho de reunión pacífica y tiene el deber de sensibilizar a los funcionarios públicos sobre las necesidades específicas de personas o grupos en situación de vulnerabilidad..

Advertencia a la Administración y al Congreso

Llegaron las comunicaciones de la ONU. tras una denuncia presentada hace semanas por la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. “Es muy importante que hayan acogido la denuncia que hicimos y hayan demostrado que no nos equivocamos cuando vimos que estas propuestas se desvían del marco de los derechos humanos y las libertades democráticas”, sentenció. Manuel Tufró, Director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CELS).

“La respuesta ha sido excelente por varios motivos”, subraya. Luis Campos, miembro del Instituto de Estudios y Capacitación de la CTA Autónoma–. Primero por la rapidez y segundo por la potencia de las declaraciones. El análisis muestra muy claramente que todas las propuestas son contrarias a los estándares internacionales”.

Según Tufró, la comunicación debe ser leída no sólo por Bullrich, sino también por los diputados. que actualmente están debatiendo la Ley Fundamental, que contiene un capítulo sobre seguridad que fue defendido por el propio ministro. “Esperamos que esto también sea un mensaje para los legisladores. En el juego de negociación ninguno de los participantes se ha pronunciado sobre este tema, que es muy grave. Sólo lo han hecho aquellos que ya han anunciado su rechazo al proyecto”.

Sólo Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad (FIT-U) se centraron en que las propuestas de Bullrich apuntan a criminalizar las protestas al proponer penas de hasta seis años para quienes sean sorprendidos acusados ​​de ser organizadores de protestas. . Incluso el ministro tuvo que retirar el artículo que establecía que tres personas constituían una “manifestación” y por tanto estaban sujetas a la obligación de informar, por ejemplo, al Ministerio de Seguridad. Diputados como Leopoldo Moreau habían subrayado durante el debate que en realidad se trataba de un estado de sitio.

Siempre hemos dicho que las medidas tomadas por el Ministerio de Seguridad son ilegales y que los diputados que votaron a favor del capítulo penal de la Ley Ómnibus están dirigiendo su voto a algo absolutamente ilegal.. “Serán parte del delito cuando ya sea público y de conocimiento público que lo que están haciendo es ilegal”, afirmó el diputado. Myriam Bregman (FIT-U).

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Fuente: Pagina 12

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