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Reg. de Coquimbo

Ministro Vicente Hormazábal condena a Carabineros (r) por secuestro agravado en Illapel

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El Ministro en Visita Extraordinaria para Casos de Violaciones a los Derechos Humanos en la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, condenó con costas a tres miembros retirados de Carabineros por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de José Exequiel Rojas Cortés . Delito ilegal cometido entre septiembre y noviembre de 1973 en el municipio de Illapel.

En el fallo (expediente 7-2011), el Ministro Hormazábal condenó al mayor (r) Gabriel Jesús Muñoz Marín y al ex sargento Jaime Alberto Vásquez González a 5 años y un día de prisión, más los accesorios legales de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer derechos políticos y Inhabilitación absoluta para cargos y cargos públicos durante el tiempo de las penas, como autores del delito.

En tanto, el sargento (r) Nelson del Carmen Manque Saavedra fue condenado a 5 años de prisión, con beneficio de libertad supervisada.

En el ámbito civil, el Ministro Hormazábal aceptó la demanda de indemnización y condenó al Tesoro a pagar la cantidad total de $420.000.000 por concepto de daño moral al cónyuge e hijos de la víctima.

Al respecto, el Ministro Hormazábal indicó que: «al establecer que – primero – fue detenido sin orden alguna, y – segundo – fue torturado reiteradamente, a tal punto que psicológicamente lo influyeron de tal manera que la víctima tomó la decisión». para atentar contra su vida, se dictaminó que estos hechos constituyeron un secuestro calificado porque se causó un daño grave a la víctima”.

En este sentido, el fallo señala que: “(…) de los testimonios analizados, que constituyen prueba plena de lo que observaron con sus sentidos y que además han motivado suficientemente sus dichos y se oponen a cualquier reproche de que estuvieran contaminados por alguna motivación de enemistad o venganza contra quienes también fueron sus perpetradores, porque los mismos funcionarios de Carabineros que se encontraban de servicio en las unidades policiales donde se realizaron estas detenciones, interrogatorios y torturas, así como los funcionarios de Gendarmería que las realizaron: » Los vieron regresar a prisión después de las sesiones de tortura».

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Agrega la resolución que: “los hechos descritos en los fundamentos que anteceden son constitutivos del delito de sustracción calificada, en grado consumado, previsto en el artículo 141, numerales 1 y 3 del Código Penal, desde la detención y reclusión de la víctima José Exequiel Rojas Cortés, ejecutado por funcionarios de Carabineros de la Comisaría 4ta de Illapel y de la Subcomisaría de Salamanca, sin previa orden judicial o administrativa, con resultado de grave daño a la persona o intereses de la víctima, culminando con su muerte como resultado de la presión física y psicológica que vivió”, añade.

“Que – continúa – de esta manera dicha conducta, cometida por agentes del Estado, afectó uno de los bienes jurídicos más relevantes, consagrado como derecho humano fundamental en el artículo 19 No. 7 de la Constitución Política de la República, la libertad. en su aspecto material, es decir, el derecho a decidir su ubicación espacial sin injerencias coercitivas de terceros, a detenerlo y confinarlo en un área fuertemente custodiada por personal armado y de la cual no se le permitía salir”.

“Además, como consecuencia de la pérdida de libertad de la víctima, su defensa personal quedó debilitada, situación que los agentes aprovecharon para ejercer presiones físicas sobre él que lo llevaron a poner fin a su vida”, concluyó.

La información recabada durante la fase de investigación, que sirvió de base a la acusación, permitió al Ministro Hormazábal Abarzúa establecer que la víctima, José Exequiel Rojas Cortés, fue detenido a fines de septiembre de 1973 en la casa de su hermana en la Quebrada El Peral. sector, municipio de Illapel, por un contingente de policías de las comisarías de Illapel y Salamanca, quienes no portaban orden de aprehensión escrita, acudieron sólo con orden oral, de la cual tampoco quedó constancia.

Los uniformados lo llevaron a la Comisaría 4ta de Illapel y luego de unos días al penal público de la ciudad, desde donde fue conducido repetidamente a la comisaría para ser interrogado y torturado.


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