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Millonario fraude habitacional en Calama: Tres detenidas por estafa masiva

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En un operativo en Calama, la Fiscalía, en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI), destapó una significativa estafa relacionada con un proyecto habitacional ficticio que afectó al menos a 36 familias.

Las víctimas, que aspiraban a conseguir un hogar propio, fueron defraudadas por un total de 103 millones de pesos, cifra que podría aumentar.

Las autoridades formalizaron a tres mujeres, acusadas de asociación delictiva y estafa reiterada, por su rol en la manipulación de familias vulnerables a través de la asociación “Comunidad animalistas, artesanos y emprendedores del Loa”. Según la investigación, estas mujeres prometieron la entrega de terrenos con servicios básicos a cambio de cuotas mensuales, utilizando diversas tácticas para mantener la credibilidad de su oferta.

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La Fiscalía detalló que las imputadas, todas de nacionalidad chilena, convencían a las víctimas de invertir 90.000 pesos mensuales durante cinco años. Estos pagos, que se realizaban en efectivo o mediante transferencias a cuentas personales de las acusadas, supuestamente garantizarían la propiedad de un terreno de 3.000 metros cuadrados con acceso a servicios básicos una vez completados los pagos.

El engaño se descubrió cuando las acusadas organizaron una reunión para anunciar que el supuesto vendedor del terreno había desistido de la venta, sugiriendo un nuevo terreno y la creación de otra asociación para continuar recibiendo pagos. La manipulación llegó a tal punto que se mostraban planos e imágenes falsas de los terrenos y se organizaban reuniones informativas en lugares establecidos para aumentar la credibilidad del proyecto.

La situación salió a la luz después de que varias víctimas, sospechando del engaño, denunciaran a las autoridades en una reunión de la asociación el pasado 7 de abril, lo que llevó a una rápida acción de la PDI y la formalización de las responsables.

El Fiscal (s) de Calama, Claudio Rojas Piro, ha instado a otras posibles víctimas a presentarse y denunciar, ya que se sospecha que el número real de afectados podría ser mucho mayor. La investigación sigue en curso con un plazo de 80 días para explorar más a fondo el alcance de esta red de estafa, mientras las tres mujeres permanecen en prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad.

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