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Medioambiente

El fin temprano del procesamiento de líneas eléctricas pone a prueba el compromiso del gobierno de enfrentar la “permisología”

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El proyecto de transmisión eléctrica Kimal – Lo Aguirre, infraestructura clave para transportar la energía verde producida en el norte hacia los principales centros de consumo del país, ya comienza a enfrentar algunas complicaciones. Si bien el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la iniciativa ha sido en general bien recibido, Conaf pidió una medida drástica.

La institución ha solicitado Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la terminación anticipada del proyecto porque, según los documentos presentados, 'carece de información esencial y relevante para evaluar la adecuación de las medidas de mitigación, reparación y compensación en relación con los ECC (Efectos, Características o Circunstancias) que afectan al necesidad de presentar una EIA y sus importantes consecuencias».

Lo anterior se produce pocos días después de que el presidente Gabriel Boric afirmara estar consciente de que el sistema de licencias de Chile ha «alcanzado un nivel de irracionalidad e incoherencia que no tiene sentido».

El Presidente reiteró la presentación de un proyecto que apunta a reformar este escenario de inversiones, el cual, además, será presentado en medio del trámite ambiental de la mencionada megalínea de transmisión. El proyecto tiene un valor aproximado de $1.480 millones.

El documento en el que Conaf pide el fin anticipado de la iniciativa tiene más de 130 páginas y critica los capítulos que tratan de la «predicción y evaluación de los impactos ambientales del proyecto o actividad» y el «plan de mitigación, recuperación y recuperación». una compensación'.

En detalle, Conaf asegura que, debido a que el propietario identifica incorrectamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia, 'se debe corregir la predicción y evaluación de las consecuencias para el medio ambiente, dado que la presencia de bosques nativos de conservación donde' se encuentran especies están presentes en la zona están en categoría de peligro de extinción».

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Sin embargo, días después la institución presentó un nuevo informe, en el que aseguraron que el informe integral no es definitivo y que seguirán evaluando el proyecto.

«Para mayor exhaustividad, es claro que las conclusiones de los puntos 6 y 7 son de carácter preliminar, ya que estas observaciones son potencialmente corregibles por el proponente, ya sea mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones», agregaron, asegurando una futura presentación de un 'informe complementario'.

Municipios

Aunque han pasado varias semanas desde el plazo fijado, algunos departamentos aún no han manifestado sus comentarios y dudas. A continuación, la empresa deberá responder a estas observaciones para que los servicios puedan decidir si están satisfechos con la iniciativa y presentar su posición a la dirección ejecutiva de la SEA. Esto tiene la última palabra porque se trata de obras interregionales.

Otro actor clave son los municipios, ya que el proyecto abarca cinco regiones y una treintena de municipios.

Los principales opositores fueron los vecinos de la zona de El Molle, en la Región de Coquimbo. La Municipalidad del Municipio de Vicuña aseguró que el proyecto no es compatible con el plan de desarrollo turístico del 'corazón del Valle del Elqui'. Por ello, afirman que 'es relevante buscar rutas alternativas'. El municipio de Tiltil hace el mismo pedido.

Otras ciudades, como Sierra Gorda, reportan daños al paisaje y por ello exigen proyectos de paisajismo y contratación de mano de obra local.

Entidades como el Consejo de Monumentos Nacionales han asegurado que 'la información proporcionada en la línea base arqueológica del proyecto es insuficiente para evaluar el impacto específico de los trabajos del proyecto sobre el componente arqueológico'.

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