El 23 de agosto, una juez de segunda instancia ordenó la suspensión de un proyecto de bonos de carbono en el sur de Colombia que, según un grupo de indígenas, se ha realizado a espaldas de su comunidad. Con esa decisión, dejó en firme un fallo similar de un juez de primera instancia dado a conocer en julio pasado y representa la actuación más dura de la justicia colombiana hasta ahora frente a este tipo de iniciativas ambientales. Los proyectos Redd+ enlazan a comunidades locales que cuidan bosques estratégicos para mitigar la crisis climática global con empresas que compran sus bonos de carbono para compensar su propio uso de combustibles fósiles. Cada bono o crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono —uno de los gases de efecto invernadero que propician el cambio climático— que ya no subiría a la atmósfera producto de ese esfuerzo de conservación. Pero, como ha venido investigando esta alianza periodística desde hace dos años, muchos de estos proyectos en territorios indígenas no siempre han sido transparentes, por lo que integrantes de esas comunidades están recurriendo a la justicia para resolver los conflictos que han generado o incluso acrecentado. A comienzos de junio, doce indígenas del Gran Resguardo de Cumbal interpusieron un recurso judicial conocido como acción de tutela contra los promotores del proyecto Redd+ Pachamama Cumbal, en los páramos y bosques altoandinos de su territorio cerca de la frontera con Ecuador. Los demandantes aseguran que se enteraron de la existencia del proyecto cuando éste…This article was originally published on Mongabay
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